Argentina ha clasificado oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista, siguiendo así la política establecida por Estados Unidos. Este anuncio fue realizado el jueves por la oficina del presidente Javier Milei, quien subrayó que esta decisión fue tomada en coordinación con varios ministerios y organismos de seguridad del país. En el comunicado emitido, se señaló que la acción se basa en «informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional» y los vínculos del cártel con otras organizaciones terroristas, marcando un enfoque más agresivo por parte del gobierno argentino en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La designación del CJNG como grupo terrorista se produce menos de tres semanas después de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami y organizada por Estados Unidos. Durante este evento, se discutieron diversas estrategias para combatir la delincuencia organizada en el hemisferio, lo que sugiere un creciente interés por parte de las naciones latinoamericanas en alinearse con los esfuerzos de Washington. El CJNG es conocido por su brutalidad y violento papel en el tráfico de fentanilo, además de estar implicado en extorsiones y ataques contra las fuerzas de seguridad, lo que justifica en parte la decisión de Milei.
La muerte de Nemesio Oseguera, apodado «El Mencho», líder del CJNG, a principios de este año durante una operación militar respaldada por la inteligencia estadounidense, también ha influido en este contexto. Oseguera fue un objetivo clave en la lucha contra el narcotráfico, y su eliminación se percibe como un golpe significativo al cártel. La designación del CJNG por parte de Estados Unidos como organización terrorista el año anterior había sentado un precedente que ahora Argentina ha decidido seguir, reforzando así la cooperación en temas de seguridad entre ambos países.
Con la categorización del CJNG como organización terrorista, Argentina puede imponer sanciones financieras y restricciones operativas que limitarán la capacidad del cártel para operar en su territorio. Esta decisión podría tener repercusiones significativas en el panorama del narcotráfico en la región, al tiempo que se alinea con las presiones de Estados Unidos para que otros países latinoamericanos tomen posturas más firmes contra estas organizaciones. Sin embargo, es importante mencionar que México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado su rechazo a calificar a los cárteles como terroristas, argumentando que sus motivaciones son más económicas que políticas.
Mientras Argentina avanza en esta nueva dirección, la presión sobre el gobierno mexicano aumenta. Los recientes arrestos y ceses de funcionarios relacionados con el CJNG muestran que también dentro de México hay un esfuerzo por desmantelar estas redes criminales. No obstante, la postura de México sigue siendo cautelosa, enfocándose en estrategias que refuercen la seguridad sin incursionar en la narrativa de terrorismo. La divergencia entre ambos gobiernos en la definición del crimen organizado podría generar tensiones diplomáticas, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico se vuelve más urgente y complicada.
