La Fiscalía de Paraguay ha intensificado su investigación en el caso Ueno bank, ordenando una operación de registro en una lujosa vivienda de verano perteneciente al expresidente Santiago Peña. Esta acción se lleva a cabo en un momento crítico, ya que Peña fue destituido y declarado culpable por el Senado por «mal desempeño de funciones». A tan solo dos días de estos acontecimientos, los fiscales ingresaron a la propiedad localizada en San Bernardino, a aproximadamente 50 kilómetros de Asunción, lo que ha generado un renovado interés y preocupación en la opinión pública sobre los límites de la corrupción en el país.
Santiago Peña, un economista de 47 años que asumió el cargo presidencial en 2023, se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, una medida de seguridad que ha sido objeto de crítica. Informes recientes han revelado la existencia de su lujosa residencia, lo que ha añadido un nuevo nivel de escándalo, dado que las acusaciones en su contra están relacionadas con el manejo indebido de fondos públicos. La Fiscalía sostiene que Peña recibió préstamos millonarios de Ueno bank para financiar la construcción de su vivienda, lo que ha despertado serias dudas sobre la legalidad de sus acciones mientras ocupaba el cargo público.
De acuerdo con documentos de la Fiscalía, Peña presuntamente recibió dos préstamos simultáneos por más de 3.548 millones de guaraníes, aproximadamente 577 mil dólares, destinados a la construcción de la lujosa vivienda en San Bernardino. El escándalo ha revelado que estas deudas podrían estar relacionadas con un esquema de malversación de fondos provenientes de instituciones públicas y previsionales. Este tipo de ofensas no solo cuestiona la ética del exmandatario, sino que también compromete la confianza de la sociedad en sus líderes políticos, que deben rendir cuentas sobre el uso de recursos del Estado.
La intervención de Ueno bank ha tenido un impacto devastador en aproximadamente 2,94 millones de clientes, incluidos ciudadanos comunes e instituciones gubernamentales cuyas cuentas han quedado congeladas a raíz de la crisis. En una reciente misa dominical, el obispo Ricardo Valenzuela hizo un llamado a la justicia y a la devolución urgente de los ahorros a los afectados, describiendo la situación como un «fraude monumental». Su mensaje resonó en un contexto en el que la población siente el golpe económico y emocional de la caída del banco, acentuando las dificultades diarias de los más vulnerables.
Mientras la crisis sigue desarrollándose, la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad han solicitado sanciones ejemplares para los implicados en este escándalo financiero. Los maestros del sector público han organizado una protesta para reclamar la devolución de los fondos depositados en Ueno bank, particularmente de entidades críticas como la Caja Fiscal y el Instituto de Previsión Social. Esta manifestación representa el primer desafío para el nuevo presidente Pedro Alliana, quien asumió el cargo en un clima de desconfianza pública y exigencias de transparencia y justicia en la gestión gubernamental.
