Desde el 18 de octubre, la situación en Haití ha captado la atención internacional tras el ataque a un grupo de militares salvadoreños mientras participaban en una misión de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). La ambigüedad en torno a su paradero ha generado múltiples interrogantes, especialmente después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtiera que si los soldados no eran devueltos con vida, el país lanzaría una operación militar contundente. Bukele, con un tono desafiante, enfatizó que su gobierno había erradicado las pandillas en El Salvador y, por lo tanto, las fuerzas salvadoreñas podrían lograr lo mismo en Haití. Sin embargo, más de una semana después, se sigue sin saber la identidad, el estado y el paradero de los cuatro efectivos, en medio de rumores sobre posibles hallazgos de restos humanos en la región donde se produjo el ataque.
El ataque a estos soldados ocurrió en Croix-des-Bouquet, un área fuertemente controlada por pandillas. Se informó que el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado con armas de fuego y explosivos, obligándolos a huir. Desde el incidente, las operaciones de rescate han encontrado obstáculos significativos debido a la intensa violencia de los grupos criminales que operan en la zona. A medida que el tiempo avanza, las esperanzas de un rescate seguro disminuyen, y la posibilidad de que los militares estén en manos de bandas criminales se vuelve más probable. Algunos analistas sugieren que los soldados podrían haber sido entregados a grupos más poderosos como la pandilla 400 Mawozo, lo que complica aún más la situación.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, lanzada por la ONU en 2025, es un esfuerzo internacional para abordar la escalofriante situación de seguridad en Haití, un país que ha visto un aumento desmesurado en la violencia desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. A pesar de que la GSF fue diseñada para contar con 5,500 efectivos, actualmente solo opera con alrededor de 2,000, lo que pone de manifiesto las limitaciones de esta misión internacional. La intervención de El Salvador en Haití es vista por algunos como un intento de Bukele de transferir sus tácticas contra las pandillas, que en su país han sido efectivas, pero que chocan con una realidad haitiana marcada por un sistema de justicia colapsado y un entorno de violencia extrema, donde las pandillas poseen mayores recursos y armamento militar.
La situación en Haití se agrava más por la inestabilidad política y la falta de un gobierno efectivo, lo que ha permitido el crecimiento descontrolado de las pandillas, que ahora controlan más del 80% de Puerto Príncipe. Las organizaciones criminales han llevado a cabo masacres y secuestros, mientras que la población civil vive bajo un miedo constante, sin respuestas efectivas por parte de un estado que se encuentra al borde del colapso. Este contexto dificulta cualquier intento de intervención externa, como el que Bukele intenta llevar a cabo. Las críticas hacia su enfoque son amplias; muchos analistas enfatizan que las tácticas salvadoreñas no necesariamente funcionarán en un entorno tan complejo como el haitiano.
A medida que se intensifican las operaciones de búsqueda, la comunidad internacional observa con cautela. Mientras Bukele continúa mostrando determinación y confianza en que su país puede controlar la situación, las dudas sobre las capacidades reales de su fuerza militar y el contexto en el que operan son cada vez más comunes. El alcalde de un municipio dominicano adyacente a Haití, ha advertido que enviar más tropas a la región podría ser catastrófico. El futuro de los soldados desaparecidos es incierto y la respuesta de Bukele podría ser un punto de inflexión clave en la respuesta regional a un problema que ha escalado más allá del ámbito nacional en el Caribe.
