Un juez en Paraguay ha decidido implementar la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, en el contexto de un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank. Esta medida fue ordenada por el juez penal de garantías de delitos económicos, Humberto Otazú, quien afirmó que es esencial mantener a Peña bajo este régimen para asegurar su participación en el proceso judicial. El exmandatario será detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, tras una audiencia en la que optó por no declarar. Su abogado argumentó que no existe riesgo de fuga ni obstrucción a la investigación, y que Peña no tuvo injerencia en las operaciones del banco implicado en este caso.
Las implicaciones legales para Santiago Peña se enmarcan en la imputación hecha por la Fiscalía, que lo acusa de abuso de confianza y administración para beneficio personal. La investigación revela que el expresidente participó en la gestión de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, mientras que se estima que el Estado tiene más de 230 millones de dólares depositados en la entidad intervenida. Además, los fiscales han solicitado medidas similares contra el ex presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien también es señalado por su falta de supervisión sobre el banco.
La medida de prisión preventiva quedó en medio de un clima de tensión en el país. Decenas de ciudadanos se manifestaron al exterior de las sedes donde se llevaron a cabo las declaraciones, reclamando justicia y que todos los implicados en el escándalo financiero sean procesados. Las autoridades decidieron cambiar la ubicación de la comparecencia de Peña a la sede central de la Fiscalía para evitar posibles disturbios, reflejando la creciente presión pública por mayor rendición de cuentas ante la crisis generada por el colapso de Ueno Bank.
El descontento popular continuó al declararse arresto domiciliario para el exmandatario y se intensificó cuando, a primera hora del sábado, las protestas se multiplicaron y los ciudadanos comenzaron a congregarse frente a su residencia. Algunos manifestantes lograron acercarse lo suficiente para arrojar objetos y exigir que Peña enfrentara la justicia en una prisión. Este complejo escenario se agrava por las críticas recibidas ante la renuncia de Peña al Congreso, medida que muchos interpretaron como un intento de protegerse legalmente al adquirir fueros como senador vitalicio.
Por otro lado, el Gobierno paraguayo está tratando de mitigar el impacto del colapso de Ueno Bank, facilitando la devolución de depósitos a los clientes afectados. A través del trabajo del Banco Central, se han reembolsado ya millones de guaraníes en compensaciones, lo que ha generado un alivio parcial entre los ahorristas que quedaron sin acceso a sus fondos. Las autoridades han afirmado que su prioridad es garantizar la recuperación de los ahorros de la población, lo que contrasta con la inestabilidad que provoca la situación legal del expresidente Peña y las manifestaciones ciudadanas que continúan exigiendo justicia.
