La defensa de Nicolás Maduro ha solicitado a un juez federal de Nueva York desestimar los cargos criminales que pesan sobre el exmandatario venezolano, arguyendo que goza de inmunidad soberana en virtud de su condición de jefe de Estado. En una audiencia realizada en Manhattan, el abogado Barry Pollack presentó dos mociones ante el juez Alvin Hellerstein, quien está encargado del caso. La primera moción sostiene que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre Maduro debido a su carácter oficial, que le concede protección por las funciones que desempeñó durante su mandato. Pollack argumentó que, al ser jefe de Estado, Maduro tiene derecho tanto a la inmunidad soberana por su posición como por las acciones realizadas en el ejercicio de sus deberes, lo que podría llevar al cierre del caso de manera definitiva.
La moción presentada el 2 de septiembre incluye un reclamo específico para desestimar el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. Pollack sostiene que las acusaciones formuladas no cumplen con el requisito jurisdiccional necesario para que Estados Unidos tenga autoridad sobre un ciudadano extranjero por acciones que, según la defensa, ocurrieron fuera de su territorio. Asimismo, se argumenta que no existe evidencia de que Maduro hubiera tenido la intención de causar daño a Estados Unidos o a sus ciudadanos, lo que plantearía dudas sobre la base legal del cargo de narcoterrorismo y sobre la autoridad del Congreso para regular tales conductas.
Maduro, quien se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero de este año, enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para narcoterrorismo y posesión de armas automáticas. La fecha límite para que la defensa presente argumentos relativos a la inmunidad fue fijada por el juez Hellerstein, quien ha establecido que la Fiscalía de Estados Unidos debe responder a las mociones antes del 2 de octubre. Una audiencia para evaluar los argumentos de ambas partes está programada para el 17 de noviembre y el juicio preliminar está diseñado para iniciarse en junio de 2027.
La situación legal de Maduro no solo lo afecta a él, sino que también incluye a su esposa, Cilia Flores, cuya defensa ha solicitado un trato similar alegando inmunidad soberana por su posición como primera dama de Venezuela. El abogado de Flores, Mark Donnely, citó precedentes legales de figuras como Imelda Marcos y Rania de Jordania, argumentando que, al ser la esposa del presidente, también debería gozar de la misma protección que su marido. La determinación del juez Hellerstein sobre estas mociones podría ser crucial, ya que podría sentar un precedente sobre la posibilidad de que el caso contra Maduro avance a juicio o, por el contrario, se detenga antes de llegar a esa instancia.
A medida que la defensa de Maduro se mueve en el ámbito legal, su hijo ha hecho declaraciones a la prensa reafirmando su compromiso en la lucha por la liberación de su padre, quien lleva casi ocho meses en prisión en EE.UU. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos también han aumentado en este contexto, especialmente tras la reciente publicación de fotografías de Maduro y un mapa divulgado por el expresidente Donald Trump, donde Venezuela es marcada como el supuesto «estado 51» de EE.UU. La saga legal de Nicolás Maduro no solo es un asunto de justicia, sino también un tema que recuerda el complejo y tenso panorama político entre ambos países.
