El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha arremetido contra un informe de juristas internacionales que señala posibles crímenes de lesa humanidad vinculados al régimen de excepción que se aplica en el país desde marzo de 2022. Bukele utilizó su cuenta en X para criticar a diversas organizaciones de derechos humanos que, según él, exigen la liberación inmediata del 100% de los pandilleros capturados. El mandatario afirmó que estos grupos, apoyados por medios internacionales como The Guardian y El País, han dejado en claro sus intenciones, lo que, a su juicio, socavaría los esfuerzos del Estado para combatir la violencia pandillera en El Salvador.
El informe, que fue presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que hay suficientes evidencias para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Este régimen, implementado en respuesta a un aumento de la violencia y asesinatos atribuidos a pandillas, ha permitido al gobierno llevar a cabo estrictas medidas de seguridad. Bukele destacó en su crítica que la liberación de pandilleros no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que representa un retroceso en los logros alcanzados en la lucha contra las pandillas.
En sus declaraciones, Bukele se refirió a las afirmaciones de los expertos que apoyan el informe, señalando que incluso aquellos considerados miembros de pandillas deberían ser liberados, lo que él considera irresponsable. «Quieren que El Salvador regrese a ser el país más peligroso del mundo», añadió el presidente, subrayando que la seguridad de los ciudadanos es su prioridad. Esta postura se alineó con el apoyo que el régimen de excepción ha recibido de amplios sectores de la población, quienes ven en las medidas implementadas una respuesta necesaria ante la crisis de violencia.
A pesar de las críticas, desde la implementación del régimen de excepción, Bukele ha gozado de altos niveles de popularidad y su administración logró la reelección. Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6,400 casos de presuntos abusos, incluyendo muertos en custodia y detenciones arbitrarias. Sin embargo, el informe no solicita la liberación masiva de detenidos, sino la creación de mecanismos que garanticen que aquellos que sean liberados no representen un peligro para la sociedad, lo cual ha sido un punto controversial dentro del debate sobre la justicia en el país.
Mientras la administración Bukele continúa defendiendo su posición en la lucha contra las pandillas, la comunidad internacional observa con atención la situación de derechos humanos en El Salvador. Las denuncias sobre las condiciones de detención y los procedimientos seguidos bajo el régimen de excepción generan un ambiente tenso y complejo. La contraposición entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos humanos será un tema central en el diálogo entre el gobierno salvadoreño y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
