La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. Esta modificación al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que se votó sin debate previo, establece que «se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento», reafirmando que la pena perpetua se aplicará únicamente a aquellos que cometan estos delitos atroces. La reforma fue respaldada por 54 diputados de NI, sus tres aliados y dos miembros de la oposición, mientras que solo hubo un voto en contra, el de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos.
El presidente Nayib Bukele, promotor de esta reforma, argumentó que es un paso necesario para proteger a las víctimas y asegurar que los criminales más peligrosos no vuelvan a amenazar a la sociedad. En un mensaje publicado en redes sociales, Bukele afirmó: «Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión». Este anuncio se produjo en un contexto marcado por un informe que refiere a la administración de Bukele como responsable de crímenes de lesa humanidad, un señalamiento que el presidente ha rechazado vehemente.
La reforma se inserta dentro de un proceso más amplio de enmiendas legales que busca dar mayor continuidad a las políticas de seguridad implementadas en el país. Desde la instauración del régimen de excepción hace cuatro años, el gobierno ha elevado drásticamente el número de detenciones, superando las 85,000 personas, muchas de las cuales han sido sometidas a juicios masivos sin las debidas garantías procesales. Grupos de derechos humanos tanto locales como internacionales han denunciado estas prácticas, señalando que violan las normas fundamentales del debido proceso y los derechos humanos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma en la Asamblea, descalificando las críticas de organizaciones que abogan por los derechos humanos. Según Villatoro, las leyes sobre derechos de las víctimas han llevado a una situación donde los victimarios buscan presentarse como víctimas. Por su parte, la diputada Suecy Callejas aplaudió la aprobación de la reforma, expresando que esta garantiza que aquellos que han causado dolor en las familias salvadoreñas nunca más pongan en riesgo a la población. La nueva legislación también requerirá la modificación de diversas leyes para alinearse con la reforma constitucional aprobada.
La discusión sobre esta reforma continúa siendo polarizada. Algunos sectores de la oposición, como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se unieron a la causa de la cadena perpetua, marcando un cambio en la dinámica política del país. Sin embargo, la aprobación inicial de esta medida constitucional requiere una ratificación en una segunda sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Con la controversia en torno a las políticas de seguridad de Bukele y su enfoque en la mano dura contra el crimen, el futuro de esta reforma refleja las tensiones actuales en la política salvadoreña y la búsqueda de un equilibrio entre la justicia y los derechos humanos.
