Ocurrió una noche a finales de abril pasado cuando un convoy militar venezolano emprendió un viaje lleno de sigilo a lo largo de los 160 kilómetros que separan el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) de Puerto Cabello, en Carabobo. La discreción de la operación solo se haría evidente días después, cuando se conociera que el convoy escoltaba un vehículo con un contenedor que transportaba 13 kilogramos de uranio altamente enriquecido, destinado a ser trasladado a Estados Unidos. Este operativo de extracción implicó la colaboración entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos, el Reino Unido y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) quien, a través de un comunicado, indicó que la misión había sido planificada con rigor y ejecutada bajo estrictas medidas de seguridad debido a los potenciales riesgos asociados con la proliferación de material nuclear.
El uranio altamente enriquecido (HEU), que se define como aquel con un nivel de enriquecimiento superior al 20%, es un material que puede ser usado pacíficamente en reactores nucleares, pero que también tiene el potencial para ser convertido en material fisible para armamento nuclear. Jack Crawford, experto en proliferación nuclear, explicó que aunque los 13 kg de HEU retirados de Venezuela no eran suficientes para crear un arma nuclear sustancial, representaban un riesgo en manos equivocadas. La preocupación de los Estados Unidos y del OIEA por los vínculos del gobierno venezolano con naciones como Irán y Corea del Norte acentuó la necesidad de gestionar la eliminación de estas existencias de uranio altamente enriquecido.
La historia del uranio en Venezuela está íntimamente ligada al programa ‘Átomos para la paz’, propuesto por el presidente Dwight Eisenhower a mediados del siglo XX. En este contexto, Venezuela adquirió su reactor nuclear RV-1 en 1960, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en tener un reactor nuclear experimental. Este reactor fue diseñado para promover la investigación pacífica en el uso de la energía atómica, utilizando eventualmente el uranio altamente enriquecido como combustible. Sin embargo, con el tiempo, el uranio restante fue almacenado bajo condiciones de seguridad y no se procedió a su eliminación, una situación que cambió tras las solicitudes del gobierno venezolano para su retiro.
La operación para retirar el uranio se intensificó luego de la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, lo que aumentó la percepción de riesgo en torno a la custodia del material nuclear. Tras recibir demanda de Venezuela desde 2017, el Reino Unido y el OIEA se unieron a la planificación para llevar a cabo la extracción. En abril, se concretó una operación de traslado que incluyó la supervisión del OIEA y el rol clave del gobierno británico en el transporte hacia Estados Unidos. Según informes, el uranio fue enviado a la planta de energía nuclear de Savannah River, en Carolina del Sur, donde se procesa material nuclear.
La exitosa operación de extracción de uranio altamente enriquecido desde Venezuela no solo representa un esfuerzo significativo para prevenir la proliferación nuclear, sino que también se enmarca en un contexto más amplio. Actualmente, muchos reactores nucleares de investigación han sido adaptados para utilizar uranio poco enriquecido, permitiendo la recuperación de miles de kilogramos de uranio HEU en todo el mundo. Con esta operación, se suman otros 13 kg a los esfuerzos internacionales por desactivar potenciales amenazas nucleares y asegurar que el material nuclear propuesto para usos pacíficos no caiga en manos peligrosas. Este episodio subraya la compleja interrelación de política internacional y tecnología nuclear en la región.
