El asesinato el pasado sábado de Erik Anderson Menza Pavi, un líder indígena nasa de 32 años, ha conmocionado a la comunidad indígena en Colombia y ha generado una ola de protestas en la capital del país. Según la información preliminar, Menza Pavi fue interceptado en la vereda El Porvenir, en el municipio de Toribío, donde recibió múltiples disparos, dejando su cuerpo sin vida junto a la carretera. Activista conocido por su labor defensora de los derechos de su comunidad, su muerte se une a una alarmante lista de 50 líderes asesinados en el país desde principios de 2025, lo que subraya la grave crisis de seguridad que afecta a los líderes sociales en Colombia, donde se registra un asesinato casi cada dos días.
La comunidad indígena nasa ha expresado su indignación y tristeza ante la incesante violencia que ha sufrido en los últimos años. Las manifestaciones en Bogotá, donde cientos de indígenas llegaron a la Plaza de Bolívar exigiendo atención y acciones concretas del gobierno, reflejan un creciente desacuerdo con el Estado colombiano, que ha prometido protección pero ha fallado en brindar garantías efectivas. Con cada líder social que cae, aumenta la frustración y el temor por la seguridad de los que quedan. Las palabras de los manifestantes resuenan con claridad: «una cosa es lo que nos dicen y otra lo que se cumple».
La ONU ha condenado enérgicamente el asesinato de Menza Pavi y ha llamado la atención sobre las agresiones sistemáticas que enfrenta el pueblo nasa. A través de un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que estos ataques ponen en riesgo la existencia misma de la comunidad indígena y enfatizó la urgencia de medidas de protección por parte del Estado colombiano, recordando las recomendaciones emitidas anteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares colectivas para el proyecto de vida de la comunidad Nasa Toribío.
El escenario en el departamento del Cauca es particularmente alarmante. La región ha sido un campo de batalla entre diferentes grupos armados, como el Frente Dagoberto Ramos y el Frente 57 de las disidencias de las Farc. Este contexto de violencia ha convertido a las comunidades indígenas en blanco de hostigamiento, con tres líderes asesinados solo en lo que va del año. De los 50 asesinatos reportados por la ONG Indepaz en todo el país, un alarmante número proviene de esta región, que sigue siendo una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
Con la presión internacional aumentando y el clamor de las comunidades indígenas que demandan protección y justicia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un desafío crítico. Es imperativo que las autoridades actúen de manera efectiva para garantizar la seguridad de los líderes sociales y frenar la ola de violencia. Las manifestaciones en Bogotá no solo son una expresión de dolor, sino también un llamado urgente a la acción. Mientras tanto, el legado de Erik Anderson Menza Pavi y de otros líderes caídos deben servir como motivo para revitalizar los esfuerzos de paz y respeto por los derechos humanos en Colombia.
