En un auge preocupante de la violencia armada, las disidencias de las FARC han perfeccionado su estrategia bélica utilizando drones, lo que pone a la Fuerza Pública en una situación crítica. En lo que va del año 2025, se han contabilizado 62 ataques con drones, resultando en un muerto y siete heridos en las filas del ejército. El primer ataque registrado se llevó a cabo el 21 de julio de 2023 en Puerto Guzmán, donde un grupo de soldados fue blanco de un asalto por parte de estos grupos subversivos. Este tipo de ataques, que combina tecnología moderna con estrategias de terrorismo convencionales, ha marcado una nueva etapa en el conflicto interno del país, lo que plantea serios interrogantes sobre la preparación y capacidad de respuesta del gobierno colombiano ante una amenaza cada vez más sofisticada.
Eventos recientes, como el ataque coordinado en el Cauca durante la procesión del Domingo de Ramos, donde drones cargados de explosivos amenazaron a tres estaciones de policía, evidencian el uso estratégico de estas aeronaves por parte de los ilegales. Afortunadamente, en ese momento no se reportaron heridos, pero el hecho es una clara muestra de cómo los disidentes están adoptando tácticas complejas que podrían resultar en daños significativos a civiles y fuerzas del orden. Los informes de las Fuerzas Militares indican que los ataques con drones han aumentado dramáticamente, con un incremento del 100% en comparación con el año previo, lo que señala una grave escalada en el uso de tecnología en su arsenal.
La utilización de drones por parte de las disidencias es un fenómeno alarmante que también refleja la evolución en el enfoque de guerra de estos grupos. Ciertos drones son capaces de volar entre 30 y 60 minutos y transportan hasta un kilo de explosivos, lo que les permite realizar ataques a distancia sin arriesgar directamente a sus operativos. Expertos en defensa militar han indicado que interceptar estos aparatos es una tarea complicada, especialmente en áreas rurales donde la infraestructura y la tecnología antidrones son limitadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha reconocido la magnitud de este desafío y ha anunciado esfuerzos para adquirir tecnología capaz de contrarrestar estos ataques, aunque el camino por recorrer parece aún largo y complejo.
Las disidencias están cada vez más interesadas en el uso de drones comerciales, como el modelo DJI Mini 4 Pro, que pueden adquirirse fácilmente a través de plataformas de comercio en línea y que se han encontrado en varias incautaciones realizadas por la Fuerza Pública. Esto no solo resalta la accesibilidad de la tecnología para grupos al margen de la ley, sino que también hace evidente la preocupación por la capacidad de estas organizaciones para adaptarse y evolucionar en sus tácticas. La incorporación de drones en sus operaciones denota un grado de organización y planificación que podría representar un cambio significativo en las tácticas de enfrentamiento que han empleado hasta ahora.
La creciente amenaza que representan los drones y las acciones cada vez más violentas de las disidencias subrayan la urgencia de un enfoque actualizado en materia de seguridad nacional y derechos humanos. La potencial vulneración del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en ataques que pudieran resultar en daños a la población civil, es un tema que debe ser abordado con seriedad. La implementación de estrategias y leyes que regulen el uso de drones, así como el refuerzo de las capacidades en el campo de la defensa, se vuelven imperativas si el gobierno desea proteger a la población y restaurar la paz en un país que sigue lidiando con el legado del conflicto armado.
