En El Salvador, la situación de los derechos humanos se agrava mientras miles de personas inocentes continúan encarceladas bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele. Las restricciones han llevado a la detención masiva de ciudadanos, muchos de los cuales no tienen relación con pandillas. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil han detenido a quienes poseen tatuajes artísticos, son familiares de pandilleros, o incluso aquellos que se quedan nerviosos durante una revisión policial. La falta de un debido proceso y la estigmatización han suscitado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en entredicho las libertades individuales en el país.
Sin embargo, el escándalo resurgió tras la reciente revelación de Carlos Cartagena López, alias «Charli de la IVU», uno de los líderes de la pandilla Revolucionarios del Barrio 18, quien fue liberado en secreto. Durante una entrevista con el medio digital El Faro, Charli afirmó que la victoria electoral de Bukele se debió en gran parte al respaldo de las pandillas, revelando además un pacto que data de 2014, cuando Bukele se postuló como alcalde de San Salvador. Estas declaraciones ponen en evidencia las conexiones entre el crimen organizado y el gobierno, sugiriendo que los intereses criminales han influido en la política salvadoreña de manera significativa.
El testimonio de Charli ilustra cómo las pandillas fueron utilizadas como un recurso político clave. A través de acuerdos de colaboración, lograron asegurar apoyo territorial y manipular el comportamiento electoral, utilizando tácticas como amenazas a opositores y entrega de dinero para favorecer a Bukele. Con un tono revelador, Charli aseveró que las pandillas eran capaces de «poner y quitar» figuras políticas, indicando que pudieron ejercer un control sobre el voto popular, un hecho que desafía la narrativa del gobierno actual sobre su ascenso al poder que se construye en la lucha contra el crimen organizado.
Los detalles relacionados con la liberación de líderes pandilleros como Charli de la IVU y Élmer Canales Rivera, alias «Crook» de la MS-13, arrojan más sombras sobre las estrategias del gobierno de Bukele. El hecho de que se gestionaran liberaciones a través de «órdenes superiores» y que después se diera escolta policial a Charli, da más peso a las afirmaciones sobre los pactos entre el régimen de Bukele y las maras. La administración no solo ha entablado negociaciones con pandilleros, sino que también se ha comprometido con gobiernos extranjeros en un intento de resolver problemas de seguridad a expensas de los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños.
A pesar de la presión mediática y los testimonios emergentes, el presidente Bukele no ha ofrecido respuesta a las acusaciones y revelaciones sobre los pactos con las pandillas. Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos advierten sobre las consecuencias de normalizar tales acuerdos con el crimen organizado, lo que puede tener repercusiones a largo plazo sobre estado de derecho y la democracia en El Salvador. En un contexto donde la lucha contra las pandillas se ha convertido en la piedra angular de la administración Bukele, las implicaciones de estos acuerdos podrían marcar un antes y un después en la percepción de la política salvadoreña, haciendo de este caso un tema central en el debate público.
