Los números son, sin duda, escalofriantes. Entre el 15 y el 27 de abril de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reportó la trágica pérdida de al menos 27 miembros de la fuerza pública, principalmente policías y militares, asesinados por diversos grupos armados. Según expertos y centros de análisis, este dramático resurgimiento de la violencia está asociado a lo que se conoce como un “plan pistola”, una estrategia que data de finales de los años 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar lanzó una feroz ofensiva contra el Estado colombiano, dejando tras de sí un lamentable saldo de cientos de uniformados asesinados. El contexto actual pone en evidencia cómo la ambiciosa estrategia de “paz total” promovida por Petro enfrenta severos desafíos a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales, despertando la alarma sobre la cada vez más desalentadora situación de seguridad en el país.
En regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Valle del Cauca, la crisis de violencia ha alcanzado niveles alarmantes, intensificando los temores de un desbordamiento del conflicto. La reciente ofensiva contra la fuerza pública ha sido, según los investigadores, impulsada mayormente por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Este grupo ha intensificado sus ataques en respuesta a la muerte de líderes como José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”, en operaciones conjuntas entre la policía colombiana y la DEA. El Ministerio de Defensa también ha ofrecido estadísticas preocupantes, señalando que 41 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en el primer trimestre de 2025, marcando el peor registro en este lapso desde 2018, lo que pone de relieve el deterioro de la seguridad bajo el mandato de Petro.
El presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto de 2022, llegó con la promesa de una paz duradera y un enfoque diferente al de sus predecesores. Sin embargo, sus expectativas se ven cada vez más alejadas de la realidad. Los diálogos con el ELN están en suspenso, mientras que las ofensivas del Estado contra el EGC se están intensificando. Desde el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, el militar Pedro Sánchez, se ha observado un giro hacia una postura más beligerante que podría complicar aún más la ya frágil situación. Según Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, este cambio ha incrementado la presión sobre el Estado, llevando a un aumento de ataques a la fuerza pública por parte de grupos más pequeños y desarticulados pero igualmente violentos.
La complejidad del conflicto se ve acentuada por la diferenciación entre los llamados “planes pistola” y los “paros armados”. Mientras los primeros se enfocan en asesinatos selectivos de miembros de la fuerza pública, los segundos implican restricciones de movilidad y ataques a la vida civil. Este tipo de violencia ha sido utilizado históricamente por el Clan del Golfo como respuesta a la pérdida de líderes. Según el analista Jorge Mantilla, estas tácticas son un legado de la era de Pablo Escobar, quien utilizó el terror y la violencia sistemática para presionar al Estado, estableciendo un patrón que sigue vigente en la actualidad. Los grupos armados que operan en Colombia han aprendido de estas tácticas, implementando sistemas de inteligencia para llevar a cabo sus atrocidades de manera más efectiva.
Frente a esta ola de violencia, el Ministerio de Defensa ha recomendado que los funcionarios y miembros de la fuerza pública modifiquen sus rutinas y aumenten las medidas de seguridad. Sin embargo, la crítica a la política de paz total de Petro crece. El expresidente César Gaviria, testigo de las atrocidades de los planes pistola en su época, ha calificado esta agenda como una “fantasía improvisada”. Durante un Consejo de Ministros, Petro defendió su gestión argumentando que la violencia no es peor que la de sus predecesores, pero las voces de expertos y analistas apuntan a un creciente poder territorial de los grupos armados, marcando un preocupante fin a las esperanzas de paz prometidas.
