La Fiscalía de Bolivia ha emitido este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien ocupó el cargo desde 2006 hasta 2019. Morales enfrenta serias acusaciones que incluyen terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otros delitos vinculados a su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras que se llevaron a cabo entre mayo y junio del presente año. La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y ha sido confirmada por una fuente cercana al exmandatario, quien también es señalado de instigar manifestaciones que causaron disturbios significativos en el país.
Las protestas, que se concentraron en el occidente y el centro de Bolivia, fueron impulsadas principalmente por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes exigían la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Estos bloqueos, que duraron siete semanas, generaron un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, así como trágicas repercusiones, incluyendo al menos 16 fallecimientos, la mayoría por la falta de atención médica oportuna, y pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares.
La denuncia que lleva a esta orden de captura fue interpuesta a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y que actúa como motor económico del país. En la denuncia, también se incluye al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por su relación con estos acontecimientos. Este marco legal ha sido reforzado por el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltando el fuerte impacto que estas manifestaciones han tenido en la estabilidad del país.
Morales, por su parte, ha negado haber instigado la salida del presidente Paz y ha defendido que las movilizaciones fueron una respuesta legítima para exigir al Gobierno que atendiera las demandas de los sectores que se manifestaban. Sin embargo, en redes sociales, el expresidente afirmó que el mandatario solo tenía «dos caminos»: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días. A raíz de estos acontecimientos y tras llegar a un acuerdo con algunos sectores, Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, permitiendo el despliegue de la Policía y el Ejército para desmantelar los bloqueos.
Actualmente, Evo Morales ha estado recluido desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, lugar que ha sido considerado su bastión político y sindical. Se encuentra custodiado por centenares de seguidores que buscan evitar su captura en relación a otra investigación en la que se le vincula con trata agravada de personas, y con la que se le acusa de haber tenido una relación con una menor con la que supuestamente tuvo una hija en 2016. En mayo, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía y emitió una nueva orden de captura debido a su inasistencia al juicio por este caso. La Policía ha indicado que espera el momento adecuado para hacer efectiva esta orden.
