Las relaciones diplomáticas entre México y Perú han atravesado momentos turbulentos desde la destitución del expresidente Pedro Castillo, que se produjo en diciembre de 2022. Estas tensiones se han intensificado casi tres años después de su salida, especialmente con la reciente decisión del gobierno peruano de romper relaciones tras el anuncio de México de considerar el asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez. Este lunes, el canciller peruano, Hugo de Zela, expresó su sorpresa y desagrado por la decisión mexicana, calificando el acto como «inamistoso», lo que vuelve a poner en el centro del debate la interferencia de México en los asuntos internos peruanos.
El contexto de esta ruptura se remonta a la defensa que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo de Castillo durante su mandato, lo cual causó el retiro mutuo de embajadores a inicios de 2023. De Zela mencionó que el gobierno peruano ya había advertido sobre las intervenciones de los líderes mexicanos en la política interna de Perú, lo que finalmente llevó a esta escalada de tensiones diplomáticas. Por su parte, el gobierno de México ha argumentado que su decisión de otorgar asilo a Chávez se basa en el respeto al derecho internacional y a la tradición de asilo político que México ha sostenido históricamente.
En respuesta al anuncio de la ruptura de relaciones por parte de Perú, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum subrayó que la decisión es desproporcionada y defendió la legitimidad de brindar asilo a Chávez. El subsecretario de América del Norte, Roberto Velasco, también agregó que existen irregularidades en el proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria, lo que justificó su solicitud de asilo en la embajada mexicana en Lima. Este episodio no solo subraya las tensiones entre ambos gobiernos, sino también la complejidad del dilema moral y legal que enfrenta México al abordar situaciones de figuras políticas en riesgo.
El caso de Betssy Chávez, quien fue detenida en junio de 2023 y liberada en septiembre para enfrentar su juicio en libertad, añade una capa adicional de complejidad a la situación. Chávez, que ocupó el cargo de primera ministra en el controvertido gobierno de Castillo, se enfrenta a serias acusaciones de conspiración contra el Estado. Si es condenada, podría enfrentar penas de hasta 25 años de prisión. Las tensiones alrededor de su situación han llevado al gobierno peruano a adoptar medidas contundentes como la ruptura de relaciones, posicionando esta acción como uno de los hitos importantes en la política exterior bajo la administración del nuevo presidente José Jerí.
Finalmente, el canciller peruano ha criticado el enfoque ideologizado que, según él, ha tenido el gobierno mexicano en este conflicto. Afirmó que las declaraciones de Sheinbaum sobre la supuesta persecución política de Castillo y Chávez son inaceptables y no reflejan la realidad judicial que estos enfrentan. Este intercambio verbal y la ruptura de relaciones diplomáticas indican que el camino a la reconciliación entre México y Perú será complicado, dado el trasfondo de intereses políticos y las percepciones ideológicas que marcan esta crisis.
