Desde su llegada al poder el 11 de marzo, el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha enfrentado desafíos significativos, comenzando con un peculiar hallazgo en el Palacio Presidencial: un piano que no pudo abrir. En tono humorístico, Kast invitó a los ciudadanos a proponer soluciones para arreglar el instrumento, advirtiendo, sin embargo, que el servicio debería ser ad honorem ya que «no hay plata». Esta frase aparentemente casual marcó el inicio de una narrativa del gobierno centrada en la austeridad y la escasez de recursos, un tema que habría de ser eje de su gestión. Junto a sus ministros, advirtió sobre la falta de fondos estatales, lo que justificó una serie de recortes presupuestarios y ajustes fiscales necesarios para enfrentar lo que catalogó como una crisis económica.
Siguiendo el ejemplo del presidente argentino Javier Milei, Kast implementó recortes drásticos, buscando estabilizar la deuda fiscal del país. En su primera Cuenta Pública, enfatizó la necesidad de un «ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales», declarando que convertirse en un gobierno eficiente es prioritario. Sin embargo, estos recortes han generado protestas masivas entre los ciudadanos chilenos, especialmente afectados los sectores de salud y educación, que requieren mayores inversiones. La portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Andrea Abarca, criticó al presidente, afirmando que su gobierno parece priorizar los intereses de los poderosos, lo que ha exacerbado el descontento social en las calles.
Uno de los pilares de la gestión de Kast es el llamado Plan de Reconstrucción Nacional, un ambicioso proyecto de ley que incluye varias propuestas económicas, laborales y tributarias. Uno de los elementos más polémicos es la reducción del impuesto a las ganancias empresariales del 27% al 23% de forma gradual, un aspecto que ha suscitado intensos debates. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la reforma, argumentando que la disminución de impuestos incentivará a las empresas a invertir y, como consecuencia, generará nuevos empleos. Este enfoque ha sido comparado con la política fiscal del ex presidente de EE. UU. Donald Trump, cuyo recorte de impuestos también generó controversias sobre sus beneficios reales para la economía.
A pesar de los argumentos a favor de la reducción fiscal, existen fuertes críticas que advierten sobre las posibles repercusiones sociales. Economistas como Andrea Repetto han resaltado que tal recorte podría resultar en una caída permanente de la recaudación y generar una concentración de beneficios en las grandes empresas, aumentando la desigualdad. La profesora de economía de la Universidad de Michigan, Damián Vergara, advirtió sobre los riesgos de un sistema fiscal más ineficiente y la amenaza de un incremento en la desigualdad, evidenciando que los mayores beneficiarios de dicha reforma serían aquellos con altas rentas. Así, el escenario fiscal que enfrenta el país plantea dudas sobre la viabilidad de los beneficios económicos que el gobierno prevé alcanzar.
En el contexto del debate legislativo sobre la megarreforma propuesta por Kast, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido sobre la posible afectación de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con el partido de Kast sin mayoría en el Senado, las negociaciones para lograr su aprobación continuarán siendo complejas. Si no se materializan las expectativas de recaudación fiscal a través de un mayor crecimiento económico, el país podría verse abocado a un desafío fiscal aún mayor. La situación es crítica y la capacidad de respuesta del gobierno ante las crecientes demandas sociales es clave para la estabilidad del país. Las medidas propuestas, por tanto, no solo reconfiguran el sistema tributario, sino que también ponen en juego el bienestar de millones de chilenos.
