Familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela han presentado una demanda contra el expresidente Nicolás Maduro en un tribunal federal de Estados Unidos. La querella, que se llevó a cabo en Brooklyn, acusa a Maduro de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) entre los años 2017 y 2020. Este caso ha captado la atención internacional, ya que se enmarca dentro de un patrón de represión estatal que ha caracterizado a su gobierno, creando un ambiente de miedo y angustia en la población venezolana.
Según la demanda de 44 páginas, las víctimas fueron secuestradas de sus hogares y ejecutadas por agentes encapuchados que luego fabricaron versiones que afirmaban que los jóvenes habían intentado resistir a la autoridad. Estos hechos han sido denunciados por organismos de derechos humanos que han corroborado que las FAES, desde su creación, han estado involucradas en numerosos casos de violación de derechos humanos, lo que fortaleció la percepción de que actúan como un ‘escuadrón de la muerte’ en Venezuela.
La demanda sostiene que los asesinos de los jóvenes recibieron órdenes directas de Maduro, lo que implicaría que el exmandatario utilizó a estos cuerpos armados como herramientas de control social frente a cualquier disidencia. La querella destaca no solo los crímenes cometidos por las FAES, sino también el rol del poder judicial venezolano, señalado como cómplice al haber impedido instaurar un sistema de justicia que investigue y procese estas atrocidades.
Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York y se describe a sí mismo como un ‘prisionero de guerra’, ha sostenido que los casos de ejecuciones extrajudiciales que lo involucran son parte de un ataque político en su contra. Se espera que solicite inmunidad como jefe de Estado, un argumento que podría complicar aún más su situación legal en el país norteamericano. La situación actual refleja una lucha entre la justicia internacional y un régimen que se aferra al poder a través de la violencia y la represión.
La demanda, que busca justicia para las familias afectadas, es no solo un grito de dolor por la pérdida de sus seres queridos, sino también un llamado a la comunidad internacional para que actúe contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han pedido a las naciones del mundo que no permitan que la impunidad prevalezca, y que se tomen acciones concretas para que los responsables de estos crímenes enfrenten a la justicia.
